La presidenta de México, Claudia Sheinbaum que el Gobierno federal no tiene pruebas que vinculen con el crimen organizado a las empresas sancionadas recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a una pregunta sobre Inteliproof, una de las empresas señaladas por las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y que, según lo expuesto por un periodista, prestó servicios a la Fiscalía Estatal de Baja California y a la Secretaría de Salud Pública de esa entidad.
El periodista preguntó si el Gabinete de Seguridad había identificado algún riesgo relacionado con el posible acceso de la empresa a información sensible. En su respuesta, Sheinbaum se concentró en explicar los resultados de la revisión realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
México detectó irregularidades, pero no vínculos con grupos criminales
Sheinbaum explicó que la UIF emitió un comunicado después de que Estados Unidos anunciara las sanciones. Según la presidenta, la dependencia mexicana encontró irregularidades en las empresas investigadas, aunque no pruebas que las relacionen con alguna organización criminal.
La mandataria señaló que estas irregularidades podrían estar relacionadas con el reporte de impuestos, ingresos o gastos, pero insistió en que eso no significa necesariamente que exista una relación con el narcotráfico.
“Pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo es otra cosa”, expresó.
También afirmó que las autoridades mexicanas no han recibido información de Estados Unidos que explique las razones por las que se atribuyen esos presuntos vínculos delictivos a las empresas.
¿Qué pasará con las cuentas congeladas?
La presidenta explicó que la UIF tomó medidas contra las empresas debido a las irregularidades encontradas, entre ellas el congelamiento de cuentas.
Sin embargo, aclaró que existe un procedimiento para que las personas o empresas afectadas presenten documentación y pruebas con las que puedan responder a los señalamientos.
Si la UIF considera suficientes las pruebas, las cuentas podrían descongelarse. De lo contrario, el caso podría continuar mediante un procedimiento judicial.
Sheinbaum reiteró que, de acuerdo con la información disponible para la UIF y el Gabinete de Seguridad, hasta ahora no existen evidencias que permitan confirmar una relación entre las personas o empresas sancionadas y algún grupo delictivo.
