El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió un memorando interno que establece como una de sus principales prioridades civiles la revocación de la ciudadanía a personas naturalizadas que hayan incurrido en ciertos delitos o fraudes. La medida, firmada por el fiscal adjunto Brett A. Shumate, refuerza el uso de la desnaturalización por vía civil, un mecanismo legal poco común hasta ahora.
De acuerdo con el memorando, el DOJ instruye a su División Civil a “priorizar y perseguir al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas”. Esto implica que el Departamento de Justicia, como brazo del gobierno federal encargado de hacer cumplir las leyes, enfocará sus esfuerzos en investigar y presentar casos contra personas naturalizadas que, según las autoridades, obtuvieron la ciudadanía de forma fraudulenta o han incurrido en delitos graves.
¿A quién afectará?
Según el Departamento de Justicia, hay diez categorías prioritarias para aplicar la desnaturalización.
- Individuos con peligro potencial para la seguridad de la nación, nexos con el terrorismo, el espionaje o la exportación ilegal desde Estados Unidos de bienes, tecnología o información sensible.
- Individuos involucrados en torturas, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos.
- Miembros o promotores de pandillas, organizaciones criminales internacionales o cárteles de droga.
- Personas que ocultaron delitos graves durante su proceso de naturalización.
- Individuos culpables de trata de personas, delitos sexuales o violencia grave.
- Participantes en fraude financiero contra el gobierno, como fraudes a PPP, Medicaid o Medicare.
- Casos de fraude contra particulares o empresas privadas.
- Personas que obtuvieron la ciudadanía mediante corrupción, fraude o falsedad material no cubiertos en otras categorías.
- Casos referidos por fiscales o relacionados con cargos penales pendientes fuera de otras prioridades.
- Cualquier caso que la División Civil considere lo suficientemente importante para tramitar.
¿Cómo se llevará a cabo?
Según la nueva política, los procesos de desnaturalización se llevarán a cabo por vía civil, no penal. Esto significa que el acusado no tiene derecho automático a un abogado público y que la carga de la prueba para el gobierno será menor que en un juicio penal. El estándar requerido es el de “prueba clara y convincente”, lo que facilita al gobierno avanzar con este tipo de demandas.
El DOJ argumenta que esta política busca proteger la integridad del sistema de inmigración y asegurar que la ciudadanía no se mantenga en casos de fraude o conducta criminal grave. La directiva, emitida el 11 de junio de 2025 ya está en vigor y uno de los primeros casos documentado es el de un británico-estadounidense cuya ciudadanía fue revocada tras ser condenado por distribuir material de abuso infantil, actividad que admitió haber realizado antes de naturalizarse.
Además, de acuerdo con el National Immigration Forum hay una fuerte preocupación en torno a los nuevos esfuerzos de desnaturalización. esto debido a que hay 24.5 millones de estadounidenses naturalizados y como resultado existe la preocupación que los esfuerzos lleven a la revocación de ciudadanía de muchas personas.