La activista Gemima Hernández, originaria de Baja California Sur, lleva más de mes y medio protestando frente a Palacio Nacional. Desde ahí, ha denunciado públicamente que en comunidades como Puerto San Carlos y Guerrero Negro operan grupos de extorsionadores en colusión con autoridades estatales. En represalia, su familia fue víctima de graves agresiones, según reportó el medio Proceso.
Por su parte, Hernández afirma que tras denunciar el cobro de piso en su estado, sujetos armados secuestraron a su hijo, incendiaron su vivienda y atentaron contra su vida en al menos tres ocasiones. Actualmente, mantiene ocultos a sus dos hijos menores por temor a que también los agredan.
“No quiero que me pase lo mismo que a la maestra jubilada en Veracruz”, declaró en entrevista con Proceso, en referencia al asesinato de Irma Hernández, otro caso que conmocionó al país. La activista asegura que durante su protesta en la capital, a cuatro de sus familiares los privaron de la libertad en un intento por silenciarla.
Intentos de hablar con la presidenta Sheinbaum
En Baja California Sur, las familias afectadas, según relata Hernández, denunciaron ser obligadas a abandonar sus hogares por amenazas del crimen organizado. “Entraron más de 30 hombres armados a una planta pesquera y desplazaron a las familias”, relató.
Durante su estancia en la Ciudad de México, ha intentado entregar directamente sus denuncias a la presidenta, a quien ya ha visto en cuatro ocasiones, aunque afirma que no ha recibido una solución clara. Además, reportó que sufrió una crisis de salud por falta de insulina, ya que no puede salir de la zona de protesta por temor a represalias.
Logran detener a secuestrador
La activista también acusó que el gobierno estatal busca minimizar las denuncias y silenciar los casos. Según Proceso, aunque recientemente el Ejército logró detener a uno de los presuntos secuestradores de su hijo, Hernández teme que el detenido sea liberado, mientras las carpetas de investigación siguen sin avances significativos.
Asimismo, señaló que elementos clave en la lucha contra el crimen organizado, como el procurador de alto impacto Bernardo Soriano y el capitán Reyes del municipio de Comondú, fueron removidos tras dar a conocer detenciones y brindar apoyo a las comunidades.
“Justo el día que me quemaron la casa, movieron a los únicos funcionarios que nos ayudaban”, dijo Hernández a Proceso, reclamando que, a pesar de tratarse de comunidades pequeñas, ni siquiera se ha asignado una patrulla que garantice el regreso seguro de las familias desplazadas.
Hernández exige que las carpetas de investigación no sean archivadas ni borradas, ya que contienen pruebas, personas detenidas y presuntos vínculos de funcionarios estatales. “Solo pedimos justicia y seguridad para las familias de Baja California Sur”, sentenció.
Fotos de video de Proceso
