Para la comunidad Kumiai, el Cerro Cuchumá representa mucho más que una formación natural: es un espacio sagrado estrechamente ligado a su historia, espiritualidad y tradiciones, donde durante generaciones se han realizado ceremonias, cantos, danzas y rituales de iniciación.
En sus laderas permanecen vestigios como morteros de piedra y petrograbados que dan cuenta de miles de años de presencia humana. Su importancia histórica y cultural llevó a que fuera incorporado al Registro Nacional de Sitios Históricos de Estados Unidos en 1992, además de contar con reconocimiento en México como parte del patrimonio cultural inmaterial.
Sin embargo, desde marzo del presente año la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha ejecutado obras de ampliación del muro fronterizo en la zona de Tecate y Tijuana, recurriendo al uso de explosivos que han destruido espacios ceremoniales, dañado vestigios arqueológicos y provocado alteraciones ambientales perceptibles en comunidades del lado mexicano.
Ante estos hechos, el pueblo Kumiai, junto con organizaciones civiles y especialistas, han exigido la protección del sitio, mientras que el Gobierno de Baja California inició diálogo con la comunidad y la Secretaría de Cultura estatal solicitó formalmente la suspensión del uso de explosivos, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de una acción diplomática federal en la materia.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena, con el respaldo de diputadas y diputados de otras fuerzas políticas, aprobó el exhorto presentado ante el Pleno por la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López.
Esto, para instar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a intensificar las mediaciones diplomáticas con el Gobierno de Estados Unidos, y a iniciar los procedimientos ante la UNESCO para analizar la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad sobre el Cerro Cuchumá.
Consideraron las diputaciones morenistas que este Congreso, tiene el deber irrenunciable de acompañar el reclamo legítimo de un pueblo originario que ve amenazada su memoria y su patrimonio ancestral.
Así como el deber de instar a las autoridades competentes a intensificar las gestiones necesarias, para que la seguridad fronteriza y la preservación del patrimonio cultural no se conciban como objetivos contrapuestos, sino como responsabilidades que el Estado mexicano puede atender de manera simultánea.
Montse Murillo expuso que la Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a preservar sus lugares sagrados, mientras que convenios internacionales obligan al Estado mexicano a salvaguardar sus valores culturales y espirituales.
Estas disposiciones, otorgan al INAH y a la SER la competencia para iniciar los procedimientos que permitan proteger y reconocer al Cerro Cuchumá como patrimonio de la humanidad.
