La Corte Suprema de Estados Unidos, con la mayoría de sus jueces conservadores designados por el Partido Republicano a favor, decidió levantar una orden judicial que limitaba las redadas migratorias en el área de Los Ángeles, permitiendo al gobierno del presidente Donald Trump dar seguimiento con sus operativos.
La restricción había sido impuesta por la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien prohibió a agentes detener personas basándose únicamente en factores como raza, idioma, empleo o ubicación. Con el fallo, estas limitaciones quedaron sin efecto.
El juez Brett Kavanaugh, también conservador, señaló que la etnicidad no puede ser el único motivo para ser detenido, pero sí un factor relevante junto con más elementos. En constraste, la jueza Sonia Sotomayor, respaldada por los jueces liberales designados por el Partido Demócrata, advirtió que la decisión permitirá detenciones y violaciones de la Cuarta Enmienda, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses.
Organizaciones de defensa de migrantes calificaron la resolución como un retroceso que abre paso al perfilamiento racial. En tanto, el Departamento de Justicia sostuvo que la orden anulada obstaculizaba de forma indebida la capacidad de aplicar las leyes migratorias.
El fallo se produce en medio de operativos intensificados en Los Ángeles, donde se ha desplegado a la Guardia Nacional y a efectivos de los Marines, lo que ha generado protestas y nuevas acciones legales por parte de la comunidad afectada.
¿Qué decía la orden judicial previa?
La orden judicial había sido emitida con el objetivo de proteger los derechos civiles de las personas en el área de Los Ángeles, evitando que los agentes federales llevaran a cabo detenciones basadas únicamente en factores como raza e idioma.
La jueza Frimpong buscaba garantizar que las operaciones migratorias se realizaran respetando la Constitución y evitando posibles abusos especialmente en comunidades vulnerables, donde el riesgode detenciones arbitrarias podría afectar a toda la comunidad.
La decisión ha generado un gran debate sobre la ética de las redadas migratorias, poniendo en evidencia la tensión entre la aplicación de la ley y la protección de los derechos civiles.
