Columna de opinión
El ex panista Jorge Ramos ha evidenciado cuales son sus preferencias a la hora de reformar el Código Penal, con su reciente propuesta para castigar el secuestro de mascotas. Aunque la protección animal es un tema válido, llama la atención que esta sea su principal prioridad en un estado con desafíos urgentes como la violencia y los desaparecidos, además, la oportunidad y la viabilidad de esta iniciativa en el contexto actual, genera más preguntas que soluciones.
El diputado local del Partido Verde, justifica su propuesta argumentando que es una “realidad creciente que provoca angustia y dolor tanto a los animales como a sus familias”.
Pero vayamos por partes y desmenucemos esta propuesta… Lo primero que se debe mencionar, es que Ramos busca sancionar con hasta dos años de prisión a quienes sustraigan animales domésticos con fines de lucro o daño. Y si bien, es innegable el vínculo emocional que muchas personas tienen con sus mascotas, considerándolas parte de su familia. La cuestión central no es si el acto de secuestrar una mascota es reprobable (que lo es). La verdadera pregunta es si su persecución penal debe ser una prioridad legislativa en este momento.
¿Realmente el diputado Jorge Ramos habrá notado que en Baja California también hay innumerables secuestros contra las personas? o ¿alguien le habrá informado que cientos de familias siguen buscando a sus desaparecidos?
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¿A qué caso le dará prioridad la fiscalía de Baja California?
El verdadero desafío de esta iniciativa radica en su aplicación práctica, porque no basta con ponerlo en papel. La Fiscalía que ya se encuentra desbordada con miles de carpetas, tendrá que lidiar con esta nueva tipificación.
La pregunta es cruda, pero necesaria: ¿elegirá la fiscalía darle prioridad a la búsqueda de un perrito que ha sido secuestrado, en vez de atender una denuncia por la desaparición de un joven estudiante? Imaginemos la escena donde el caso del labrador extraviado se abre paso entre los expedientes de feminicidios, homicidios y desapariciones que azotan a la región. De aprobarse esta reforma, quizás pronto veamos operativos especiales para dar con el paradero de un perrito, mientras que muchas familias siguen pegando fichas de búsqueda de sus hijos.
Aunque el maltrato animal es un problema grave y en aumento en Baja California, la saturación del sistema de justicia y la falta de recursos deberían ser el enfoque principal.
