Ex Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y firmante de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar (1996), en mi calidad de Presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación.
A las mexicanas y mexicanos, a los pueblos indígenas reconocidos como sujetos de derecho público, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a la comunidad internacional que vela por los derechos humanos:
La elección judicial de 2025 no fue solo un ejercicio democrático: fue un acto de memoria, de justicia y de reivindicación histórica. Por primera vez, el pueblo eligió directamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por voluntad soberana, el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz obtuvo la mayoría de votos, lo que conforme al artículo 94 constitucional reformado, le otorga el derecho a presidir la Corte durante los primeros dos años.
Hoy, ante versiones que sugieren la posible designación de otra ministra —Lenia Batres— como presidenta de la SCJN, sin haber obtenido la mayoría ciudadana, alzamos la voz no por simpatías personales, sino por respeto al Estado de Derecho y a la voluntad popular.
Nombrar a alguien distinto al candidato más votado sería:
- Una violación constitucional al artículo 94, que establece la prelación por votación.
- Una desnaturalización del proceso electoral judicial, debilitando su legitimidad.
- Una afrenta al principio democrático que sustenta la reforma judicial de 2024.
Pero más allá de lo jurídico, está lo simbólico: Hugo Aguilar representa a los pueblos indígenas, ahora reconocidos en el artículo 2º constitucional como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su presidencia sería un acto de justicia histórica, el primero desde Benito Juárez, indígena zapoteco que transformó las instituciones desde su raíz.
Si se le impide asumir por razones políticas o discriminatorias, se estaría vulnerando:
- El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.
- El derecho a la representación política y cultural.
- El derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en tratados internacionales.
Los pueblos indígenas tienen legitimación para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y este caso podría ser elevado incluso a la Corte Interamericana, como ya ha ocurrido en situaciones similares.
Por ello, como ciudadano, como defensor de los derechos indígenas, y como firmante de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, hago un llamado:
- A los ministros de la SCJN, para que honren el mandato constitucional y la voluntad popular.
- Al Ejecutivo y al Legislativo, para que se abstengan de intervenir en una decisión que corresponde al pueblo.
- A los pueblos indígenas, para que ejerzan su derecho a la defensa jurídica y simbólica de su representación.
- Al pueblo de México, para que no permita que se tuerza el cauce de la democracia.
Porque como dijo Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Y hoy, el derecho ajeno es el voto de millones que eligieron a Hugo Aguilar como presidente de la Corte.
Con respeto, firmeza y memoria,
Jaime Cleofás Martínez Veloz
Tijuana, Baja California
Julio de 2025
