El Departamento de Justicia de Estados Unidos finalizó este lunes una nueva regulación que permitirá a algunas personas que perdieron su derecho a poseer armas de fuego debido a una condena penal solicitar la restitución de sus derechos.
El proceso, impulsado por el fiscal general Todd Blanche, está dirigido principalmente a personas con antecedentes por delitos no violentos que actualmente tienen prohibido poseer armas bajo la legislación federal.
La medida representa un cambio importante, debido a que durante décadas las personas afectadas tuvieron pocas opciones para recuperar legalmente sus derechos sobre las armas de fuego.
“La Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase, y el gobierno federal no debería privar permanentemente a los estadounidenses de un derecho constitucional sin considerar si representan un peligro para la seguridad pública”, declaró Blanche.
El fiscal general agregó que el nuevo procedimiento busca proteger “la seguridad pública mientras brinda a los estadounidenses que lo merecen un camino real hacia la restitución”.
¿Quiénes podrán solicitar recuperar su derecho a tener armas?
La nueva regulación establece un mecanismo para que las personas que tienen prohibido poseer armas debido a determinadas condenadas puedan presentar una solicitud ante el gobierno federal.
Sin embargo, la restitución no será automática. Cada solicitud será revisada de manera individual y las autoridades analizarán los antecedentes, la reputación y las circunstancias de cada persona para determinar si representa un riesgo para la seguridad pública.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, las personas condenadas por delitos violentos, los delincuentes sexuales registrados y quienes se encuentran ilegalmente en Estados Unidos permanecerán, en general, excluidos del proceso, salvo que existan circunstancias extraordinarias.
¿Por qué se creó este nuevo proceso?
La legislación federal contempla desde hace años la posibilidad de que algunas personas soliciten la restitución de sus derechos para poseer armas. Sin embargo, desde 1992 el Congreso había impedido que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) utilizara fondos federales para procesar estas solicitudes, lo que prácticamente dejó suspendido el mecanismo.
La nueva regulación del Departamento de Justicia busca establecer nuevamente un procedimiento federal, pero ahora mediante un sistema de solicitudes administrado por la oficina del fiscal general. El gobierno prevé habilitar un portal en línea para recibir las solicitudes y comenzar el proceso aproximadamente en un mes.
