Una nueva propuesta de ley en Baja California busca aumentar las penas de prisión para quienes instalen cámaras de videovigilancia de manera clandestina en la vía pública.
Durante la mañanera de este miércoles, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó el documento firmado y explicó que la iniciativa busca reformar el artículo 317 Ter del Código Penal de Baja California. De tal forma, que se pueda sancionar a las personas que obtengan información de seguridad para un tercero con el fin de cometer o planear un delito.
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Esto incluye la instalación de cámaras clandestinas en la vía pública y la intervención de los sistemas de videovigilancia oficiales, es decir, la manipulación o alteración de los mismos.
El director de la Consejería Jurídica del Estado, Juan José Pon, explicó que la pena se incrementará de tres a ocho años, además de que se aplicarán multas que van de 200 a 400 veces el valor diario de la UMA. También destacó que la propuesta contempla sancionar a los servidores públicos que intervengan los canales de seguridad oficiales.
Finalmente, Juan José Pon aclaró que la ley no afectará a los ciudadanos que instalen cámaras de vigilancia dentro de sus propiedades, sin importar lo que capturen los dispositivos. La medida se centra exclusivamente en la instalación de sistemas de vigilancia en la vía pública con fines delictivos.
