Los Ángeles y otros municipios del sur de California, planean unirse a una demanda presentada contra el Gobierno de Estados Unidos por las recientes redadas migratorias que provocaron días de protestas en varios puntos del estado, así como la llegada de la Guardia Nacional.
La demanda la presentó la UCLA del Sur de California en nombre de cinco personas y grupos de defensa de la inmigración, en donde se alega que el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el Servicio de Inmigración, “ha arrestado inconstitucionalmente a personas para cumplir con las cuotas arbitrarias de arrestos establecidas por el actual gobierno”.
En el comunicado también exigen al DHS cuentas de aquellos que han sido arrestados sin razón específica.
“Sin importar su estatus migratorio ni el color de su piel, todos tienen garantizados los derechos constitucionales para protegerse de detenciones ilegales. Exigiremos cuentas al DHS”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de la UCLA.
El martes, funcionarios aseguraron que se unirán “para desafiar las actividades ilegales de aplicación de la ley de inmigración que han incluido la persecución del área de Los Ángeles y de los angelinos por parte del gobierno federal en función de su raza y etnicidad y la negación del debido proceso constitucionalmente exigido a los detenidos”.
Asimismo indicaron que no se puede permitir que continúen las redadas y allanamientos inconstitucionales.
Esta demanda llega tras la reciente orden de parte de Estados Unidos de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles en respuesta a las protestas contra las redadas migratorias que han venido sacudiendo el estado de California. A parte de L.A, las ciudades de Pasadena, Santa Mónica, Culver City, Pico Rivera, Montebello, Monterey Park y West Hollywood también buscan unirse a la demanda, según un comunicado de CNN.
Presentan demanda contra Los Ángeles
La actual administración de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, incluyendo a la alcaldesa Karen Bass. La demanda se interpuso el 30 de junio de 2025 en el Tribunal de Distrito del Centro de California.
Según el Gobierno federal, las políticas de santuario de Los Ángeles violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución y han fomentado “violencia, caos y ataques a las fuerzas del orden” durante las redadas migratorias.
