La remodelación del Malecón de Playas de Tijuana, realizada durante el gobierno de Montserrat Caballero, se llevó a cabo de forma improvisada e irregular. Lo que derivó en un gasto millonario excesivo, además de generar riesgos estructurales, ambientales, sociales y diversas irregularidades administrativas.
Ante esta situación, la administración del alcalde Ismael Burgueño Ruiz tuvo que intervenir de manera urgente para reducir los riesgos.Prevenir derrumbes y posibles pérdidas humanas, así como replantear el proyecto con el fin de proteger el patrimonio de la ciudad.
En conferencia de prensa este jueves, el secretario de Gobierno Municipal, Arnulfo Guerrero León; la secretaria de Desarrollo Territorial, Virginia Vargas González, y el consejero jurídico del ayuntamiento, Alejandro Rivero, expusieron la problemática que heredaron de la gestión de Caballero.
En primer término, la obra no contaba con autorizaciones ambientales ni estudios técnicos especializados, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California (CEPCBC) suspendió los trabajos desde noviembre de 2024.



A lo anterior se suman contratistas sin experiencia en infraestructura costera, contratados apenas semanas antes del cambio de administración y con un anticipo del 30 por ciento del valor total de la obra.
Esto provocó una severa erosión en el talud producto de cortes de hasta 90 grados, generando derrumbes y socavaciones en andadores, así como riesgo directo a vidas humanas, viviendas y comercios de la zona.
Ante ello, el gobierno de Burgueño rehabilitó y ejecutó obras de mitigación, construcción de pilotes, muros de contención y cabezales, instalación de luminarias para mayor seguridad.
Guerrero destacó la coordinación con SEMARNAT y con el Gobierno de Baja California, a fin de desarrollar un nuevo Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y estudios especializados que permitan un mejor desarrollo de la obra en beneficio de la comunidad.
Los tres funcionarios aclararon que el gobierno de Burgueño no es de improvisaciones, sino que han actuado con base en la ley, experiencia técnica y compromiso con la ciudadanía.