Un tribunal federal de apelaciones ha denegado la solicitud del gobierno de suspender una orden que prohíbe a los agentes de inmigración llevar a cabo ciertas acciones de control en el sur de California.
La decisión del Noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito significa que la orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) que impide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otros agentes federales detengan a personas basándose únicamente en su raza, idioma, ubicación o tipo de trabajo, permanecerá en vigor mientras continúa el litigio.
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Detalles de la orden judicial y el caso
La decisión fue emitida como respuesta a una demanda presentada por una coalición de residentes del sur de California, grupos de defensa y organizaciones legales. La demanda acusa a los agentes de inmigración de realizar arrestos sin órdenes judiciales y de detener a personas en condiciones inseguras, sin acceso a representación legal.
El tribunal determinó que utilizar factores como hablar español o inglés con acento, estar en un lugar de trabajo agrícola, en una parada de autobús, o trabajar en industrias asociadas a la mano de obra inmigrante, no constituye una sospecha razonable bajo la ley.
Tras el fallo, varios líderes de organizaciones de derechos de los inmigrantes expresaron su satisfacción y destacaron la importancia de la decisión.
Mohammad Tajsar, de la Fundación ACLU del Sur de California, calificó la decisión como “una confirmación más de que la invasión paramilitar de la administración de Los Ángeles violó la Constitución y causó lesiones irreparables”.
Por su parte, Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes consideró el fallo un paso adelante, aunque enfatizó que la victoria real se logrará cuando las personas detenidas y separadas de sus familias estén a salvo en casa.
Finalmente, Mark Rosenbaum, de Public Counsel y Teresa Romero, de United Farm Workers, celebraron la decisión como una victoria para los trabajadores inmigrantes, señalando que “no puedes simplemente arrestar a la gente únicamente por su raza y apariencia”.
Una coalición de organizaciones legales representa a los demandantes y el caso continúa en proceso.
