El Viaducto Elevado busca reducir a 12 minutos el tiempo de traslado entre el Aeropuerto de Tijuana y el Cañón del Matadero. El proyecto contempla más de 10 kilómetros de vialidad, con la construcción de puentes y un túnel. En su diseño original incluía dos túneles y su recorrido concluía en la entrada de Playas de Tijuana, a la altura de la gasolinera Rendichicas.
Actualmente, las obras se concentran en la fase final, con la colocación del pavimento y la instalación de sistemas esenciales como ventilación, iluminación y telemetría, necesarios para la operación segura del túnel. Se prevé que el viaducto elevado esté listo para su apertura a finales de este año o, a más tardar, a inicios de 2026.
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Con el avance y los cambios en la obra del Viaducto Elevado, han surgido también preocupaciones entre los residentes de las zonas cercanas. Entre las más recurrentes está la inquietud de que, en lugar de aliviar el tráfico, se generen nuevos puntos de congestión.
Impacto del viaducto elevado en la movilidad
En entrevista con San Diego Red, el ingeniero Tomás Pérez, consejero líder del eje de movilidad del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), ha planteado observaciones sobre el proyecto, especialmente tras sus modificaciones: “Al recortarlo, sí impacta. Si de por sí ya era un proyecto con beneficios limitados, ahora lo es más”, explicó.
“Representa un origen-destino entre el aeropuerto y Playas, que corresponde aproximadamente al 5% de los viajes en la zona metropolitana de Tijuana. Y se le está asignando un presupuesto equivalente a casi un año completo de operación del municipio, incluso si es un fondo federal, implica una gran inversión” destacó.
Respecto al beneficio que de acuerdo con las autoridades, implicaría una reducción del 55.26% en los tiempos de traslado, Pérez mencionó: “No creo que haya mucha diferencia. Aunque claro que dependerá del destino final de cada usuario”.
El ingeniero también hizo hincapié en que la obra está desalineada con los principios de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. “Esta es una obra que solo beneficia a los viajes vehiculares, cuando la ley establece que la prioridad debe ser el peatón, el ciclista, el transporte público y el de carga. El auto va al final. No va a resolver el problema de movilidad que enfrenta Tijuana y además implicará un gasto anual fuerte en mantenimiento, que comprometerá a futuras administraciones”.
